Necesario acuerdo para el Sistema Nacional de Salud

Fue allá por finales del año 2008, cuando el Ministro Soria presentó su estrategia decidida por elaborar un gran consenso de todos los agentes sociales, profesionales y políticos en favor del Sistema Nacional de Salud. A esa estrategia se denominó Pacto por la Sanidad y tenía un diseño metodológico complejo, pero impecable para poder contar con la opinión de expertos, las pruebas científicas y la apuesta de todos los grupos políticos.

De forma paralela, en el Congreso de los Diputados y coordinados por el Sr. Llamazares, dentro de la Comisión de Sanidad, se comenzó con una estrategia paralela y complementaria a la anterior.

Los trabajos en el Congreso de los Diputados quedaron truncados por una falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. Es historia que grupos políticos apoyaron el trabajo y los que no, en la que en este momento no voy a entrar.

Los trabajos del Ministerio de Sanidad conllevaron a que responsables políticos de todas las Comunidades Autónomas aportaran su esfuerzo, sus conocimientos y sus opiniones adaptadas a cada una de las realidades hasta elaborar un documento sólido que fue posteriormente analizado por los sectores profesionales, de afectados y pacientes y resto de sectores sociales.

Todos estos trabajos acabaron en un documento, que marcó una hoja de ruta muy importante, aprobado por todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas en un Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 18 de marzo de 2010. Esta fecha ha sido referencia para citar el documento en el mundo especializado sanitario, así los acuerdos del 18 de marzo han sido y siguen siendo hoy una referencia en cuanto a medidas que apuestan por la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y la equidad de la atención sanitaria.

Esos acuerdos contenían medidas a desarrollar en 3 años y que afectaban a áreas tan importantes como los recursos humanos, las prestaciones, la apuesta por la salud pública, la farmacia, la financiación sanitaria, la evaluación de las tecnologías sanitarias, las estrategias del salud del Sistema Nacional de Salud, la concienciación de los ciudadanos y profesionales en el uso adecuado de los recursos y la aplicación de las TICs al sector salud.

Estas medidas junto con los Reales Decretos Leyes del año 2010 con medidas urgentes debido a la situación de crisis económica mundial han hecho dibujar un panorama esperanzador en la búsqueda conjunta de medidas para conservar y mejorar un excelente Sistema Nacional de Salud como el que tenemos.

Hoy ha sido otro día muy importante, en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se han adoptado nuevas medidas que incrementan el compromiso por el Sistema Nacional de Salud, por hacerlo más fuerte y lo consolide más. las medidas pueden resumirse en una serie de puntos como son:

• Exigencia de prescripción por principio activo por parte del médico y la dispensación del medicamento más coste-efectivo de los disponibles.
• Nueva forma de decidir la financiación por parte del Sistema Nacional de Salud de los medicamentos que se incorporan, con la participación de las Comunidades Autónomas, una antigua reivindicación de las Comunidades Autónomas desde que tenemos descentralizada completamente las competencias en sanidad.
• Nuevo procedimiento para la financiación de los medicamentos de alto valor e innovación.
• Agilidad en la incorporación de los medicamentos a los denominados precios de referencia, así como una homogeneidad en la caducidad de las patentes.
• Compensación a las farmacias de nucleos de población de menos de 1500 habitantes.
• Coordinación sociosanitaria con la participación activa de los profesionales.
• Despliegue completo de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud que permita que la información clínica que permita el paciente pueda estar disponible en otra Comunidad Autónoma cuando tenga que ser atendido en un desplazamiento.
• Validez de la receta electrónica en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud.
• Universalización de la atención sanitaria incorporada a la Ley de Salud Pública por economía de procedimiento en la tramitación de la normativa.

Celebro las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad asumiendo el liderazgo, muy cuestionado en los últimos tiempos, para que se produzca una verdadera equidad en la atención farmacéutica. Fórmulas como el "cataloguiño gallego", las medidas de sacar de prescripción electrónica determinados medicamentos de marca comercial en determinadas Comunidades Autónomas o la subasta promovida por Andalucía, mostraba las medidas imaginativas de las Comunidades a las que les "apretaba el zapato" de la financiación sanitaria, sin que el Ministerio estuviera dando respuesta a las mismas. Con estas medidas todas las Comunidades Autónomas pueden actuar dando mayor equidad a los ciudadanos de este país.

Se incorporan las TICs a la atención sanitaria como medio y no como fin y se apuesta por la universalización de la atención sanitaria de la población que ya estableció la Ley General de Sanidad, pero que por desfases entre la legislación sanitaria y de la Seguridad Social se han producido numerosas distorsiones.

Queda aun mucho camino por recorrer en esta tarea y queda por saber cuál será el resultado de estas medidas, pero hoy es día de estar moderadamente satisfecho por los resultados del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En otra entrada analizaré algunas de las medidas que se echan en falta, pero en otro momento.

José María Vergeles Blanca

Médico de Familia

COPAGO = FRACASO DE LA GESTIÓN

Solo con leer el título de esta nueva entrada comprederá el lector que estoy absolutamente en desacuerdo de la implantación del copago en materia sanitaria. Pero además, intentaré argumentar el motivo que me lleva a hacer esa igualdad entre el copago y el fracaso de la gestión sanitaria.

La evolución de los sistemas en general y de los sistemas sanitarios en particular se mueven a veces a golpe de crisis, recientemente hemos entrado en una situación complicada desde el punto de vista económico en toda Europa, que nos lleva a revisar constantemente las prioridades del dinero público y, en paises como el nuestro (España), a preservar uno de los aspectos esenciales del estado del bienestar como es el Sistema Nacional de Salud y la atención sanitaria a la población.

Existe también una tendencia clara a escapar de las situaciones complicadas desde el punto de vista de la política y la gestión sanitaria reclamando más ingresos exclusivamente, sin haber agotado todas las vías de búsqueda de la eficiencia en la gestión sanitaria. Y también está extendido en algunos políticos que los servicios los paguen quienes los usan, y reclaman esos ingresos a través del copago.

Tradicionalmente el copago es definido como el pago compartido entre el Estado o el Gobierno y el usuario del servicio al que se accede, en el caso sanitario copagaría el paciente. Los fines con los que se implanta un copago son recaudar fondos económicos para la sanidad o disuadir de una sobreutilización de los servicios sanitarios.

No obstante, para cumplir alguno de estos dos fines se tienen que dar una serie de circunstancias, la primera de ellas es que la prestación del servicio dependa de lo que se paga, la segunda es que se sea eficiente en la recaudación y la tercera que esté probada la medida y haya mostrado resultados en aquellos sitios donde se ha implantado.

No he analizado si cualquier fórmula de copago tiene o no sentido en sistemas sanitarios que se financian en base a las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores, pero es que este no es nuestro caso, recuerdo que en el año 1986 el sistema sanitario español se financia con los impuestos, no con la cotización de la seguridad social. Por tanto, en este caso, no podría llamarse copago, de implantarse una medida de estas características sería "repago". Es decir, yo pago la sanidad con mis impuestos y además repago si me ponen alguna medida de copago adicional por consulta o intervención sanitaria.

Tampoco dramaticemos en exceso, en el sistema sanitario español existe un copago en el caso de los medicamentos que distingue entre activos y pensionistas. Piense el lector lo injusto de ese copago, existen pensionistas que tienen una pensión mucho más alta que algunos de los activos (existe la necesidad de revisarse). Esa es otra de las grandes amenazas de la implantación de un copago, las injusticias en términos de atención sanitaria. Acudirían al médico aquellos que pudieran copagar la atención, pero además los que lo pudieran hacer lo harían seguro de forma más exigente. Pero ya el extremo de la injusticia, es aplicar el copago en las medidas de prevención de la enfermedad o de promoción de la salud, es el sumun de la injusticia en sanidad. Piense el lector en un país tan desarrollado como EEUU donde millones de personas no tienen acceso a las medidas prevenivas como las vacunas, esa sería la injusticia.

Desde el punto de vista de la gestión tampoco vale cualquier cuantía como copago, cantidades bajas producirían el efecto de "vale más el collar que el galgo", en el sentido que la estructura de gestión necesaria para esta recaudación valdría más económicamente hablando que lo que se ingresaría. Copagos más caro, como el recientemente implantado en Italia, supone una gran amenaza para el estado de salud de la población y para la justicia social, vulnerando en todos los aspectos los principios éticos de la atención sanitaria.

Algunos expertos apuntan a la idea de implantar el copago en aquellos casos de utilización inadecuada de los servicios sanitarios por parte de los pacientes, pero surge una pregunta ¿Quién es el "juez" que determina si es un uso adecuado o no de los servicios sanitarios por parte del paciente? La propuesta que se hace es que esa responsabilidad recaiga sobre los profesionales, y más en concreto sobre el médico. En ningún caso es legítimo exigir a los profesionales sanitarios en general y a los médicos en particular que además de su importante labor, también desarrollen la de juez de esas situaciones, faltaría más.

Por último es necesario revisar la literatura científica en busca de pruebas serias de si el copago sirve o no en paises o regiones donde se ha implantado, un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud, así como un análisis muy detallado por parte de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria han puesto de manifiesto la clara falta de evidencias científicas sobre el valor de esta medida en la gestión. Y esta falta de evidencia no solamente se basa en los problemas metodológicos de los estudios, la presencia de sesgos en los mismos, sino que los resultados que se ponen de manifiesto lo que apuntan es que tiene un efecto contrario al deseado a medio y largo plazo.

Por tanto, los responsables políticos y gestores sanitarios deben seguir haciendo esfuerzos por controlar la frecuentación, disminuir la variabilidad de la práctica clínica, incentivando a los pacientes y a los profesionales un uso adecuado de los servicios sanitarios y la adaptación necesaria de los sistemas sanitarios al abordaje de la cronicidad.

Todo lo que se hable de copago es igual a un fracaso en la gestión sanitaria.

José María Vergeles Blanca

Médico de Familia

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Recientemente ha aparecido en prensa la Ministra Pajín comunicando que para la semana del 18 al 22 de julio se convocaría el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este pleno será monográfico sobre las medidas de sostenibilidad, equidad y calidad en la atención sanitaria.

Conviene aclarar que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el órgano de cohesión territorial en materia sanitaria con el que cuenta el Estado español. En él están representados además del Ministerio competente en materia de sanidad del Gobierno de España, los Consejeros y Consejeras de las 17 Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (ambas denominadas INGESA).

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cuenta con el respaldo legal de leyes de máximo nivel y en él se deben decidir cuestiones que profundicen en la mejora de la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y la equidad de la atención sanitaria.

Estos Plenos del Consejo Interterritorial suelen convocarse con una periodicidad trimestral aproximadamente. El convocado recientemente por la Ministra Pajín podría ser uno más de los plenos que se convocan, si no fuera por dos hechos fundamentales: el primero, por ser monográfico sobre un tema en el que aunque la izquierda buscó un pacto de estado, la derecha no lo permitió, y el segundo, por celebrarse tras las elecciones del 22-M que ha cambiado el mapa de los Gobierno regionales de manera profunda.

Hoy, en la prensa especializada, aparece Ana Pastor, antigua Ministra de Sanidad, tomando posiciones sobre temas de calado. Entre ellos solicita la derogación de la Ley del medicamento, pretende variar la aplicación de la Ley de la Dependencia...

Los nombramientos de los Consejeros y Consejeras del Partido Popular en diferentes Comunidades Autónomas hacen sospechar que sean auténticos peones al servicio de Doña Ana Pastor en el seno del Consejo Interterritorial, y que en lugar de aprovechar la hegemonía de la derecha para forzar un pacto de Estado en materia sanitaria, hablen de derogar Leyes que entorpecen algunas medidas muy concretas como el "cataloguiño gallego".

Me duele como español pensar que se pueda ser tan miope pensando en unas medidas concretas, sin establecer un verdadero compromiso de abordar la sanidad en su conjunto con sus valores y sus problemas. Pero me duele también como extremeño que las medidas concretas que se deban poner en marcha en mi Comunidad Autónoma para buscar la equidad con el resto del Sistema Nacional de Salud no se defienda por indicaciones de Doña Ana Pastor.

Demoslé al próximo Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el beneficio de la duda, pero no perdamos de vista que una supuesta estrategia del Partido Popular y de Doña Ana Pastor es convertirse en "superconsejera de sanidad" hasta que se celebren las elecciones generales en España.

Es responsabilidad de políticos y ciudadanos estar vigilantes en la representación de los que nos gobiernan.

José María Vergeles Blanca

Médico de Familia